Javier Berdegue Elorriaga fue arrestado en Febrero de 1995 y acusado de violaciones de atentar contra el estado y de ser comandante Zapatista. En la cárcel Javier escribió su libro "Ecos de Cerro Hueco" el cual expone las torturas e violaciones de derechos humanos cometidos por un sistema jurídico que hace la impunidad su rutina diaria. 16 meses después, Javier fue liberado por la presión internacional. Ahora Javier milita como parte de el Comité de Enlace Nacional del Frente Zapatista de Liberación Nacional.

No hay duda de que la historia de ciertas cárceles en nuestro país marcan claramente coyunturas políticas. Ahí tenemos los sótanos de la Inquisición en la colonia, a San Juan de Ulúa con Porfirio Díaz, sitio de reclusión de cientos de magonistas, el tristemente famoso Palacio Negro, Lecumberri, en los cincuenta, sesenta y setenta y ahora Cerro Hueco y Almoloya, como partes antagónicas que reflejan al actual sistema político mexicano. La una, lugar en su mayoría de narcos y políticos de la gran familia revolucionaria caídos en desgracia, y el otro, centro de reclusión de presos políticos, ejemplo clarísimo de lo que el Estado mexicano entiende por transición a la democracia.

Pero no hablemos de los caídos en desgracia, dediquémonos mejor a Cerro Hueco, pues la historia de esta cárcel está muy ligada a la historia de la lucha política en Chiapas, y más a raíz del levantamiento zapatista. Cerro Hueco era el sitio preferido, cuando por alguna razón desconocida no utilizaban el cementerio, para recluir no sólo a la pobreza, sino a la oposición política que se atrevía a hacerle frente a la casta divina chiapaneca. Para la oposición en aquel estado, Absalón, Patrocinio, sólo por nombrar algunos, eran sinónimos de Cerro Hueco. Pero nunca tantos huéspedes habían llegado a este lugar como a partir del 1º de enero de 1994, cuando fueron encarcelados los primeros dizque zapatistas detenidos por el ejército.

A principios del 95, cuando el gobierno de Zedillo rompe unilateralmente la tregua con el EZLN, en Cerro Hueco podíamos encontrar sobre todo, hablando de los presos indígenas, a los pobres, para quienes nunca ha existido la justicia, acusados mayoritariamente por delitos relacionados con la siembra de mariguana y a los miembros de las organizaciones que se enfrentaban a los latifundios, disfrazados y no tanto, de la familia revolucionaria chiapaneca. La mayoría de ellos pertenecían al PRD. A partir de marzo de ese mismo año, luego que dos presuntos zapatistas detenidos en la ofensiva de febrero de 95 se vuelven huéspedes famosos de la cárcel, empiezan a llegar detenidos de la zona norte del estado, varios de ellos ya acusados indirectamente de pertenecer a las bases de apoyo del EZLN. ¿Porqué digo indirectamente? Porque si bien a nadie se le podía, o se le puede, dicen, encarcelar solamente por ser base de apoyo del EZLN, a la hora de las detenciones, los traslados y las torturas, la diversa fauna policiaca y paramilitar que intervenía en los mismos, precisamente de eso acusaba a los campesinos indígenas. Entre golpe y porrazo les espetaban un a ver pinche zapatista quien te salva ahora. Por supuesto, ya en la cárcel, el poder judicial les fincaba el auto de formal prisión por delitos comunes, que si abigeato, que si secuestro, que bloqueo a las vías de comunicación, que despojo.

Eran los tiempos de la Mesa 1 del Diálogo de San Andrés. Desde Cerro Hueco se comenzaron a recopilar los distintos expedientes de los indígenas detenidos, a juntar las evidencias de todas las irregularidades jurídicas, y a mandar dichos documentos a las submesas de trabajo. Cada semana llegaba un "tarrayaso", como decían los otros presos refiriéndose a la pesca con redes, de campesinos presos, la mayoría de la zona norte. Desde entonces se empezó a alertar desde dentro de Cerro Hueco, acerca del contubernio que existía entre los grupos paramilitares, entonces el más famoso era el de Los Chinchulines, y el gobierno estatal y federal. La mayoría de los presos de la zona norte habían sido denunciados, y muchos hasta detenidos, por estos grupos de una manera anticonstitucional.

Así pasó el 95 y el 96. Y se vino el estancamiento de los diálogos de San Andrés, uno de cuyos motivos fue precisamente que el EZLN se negó a seguir en las mesas mientras no se liberara a los presos políticos, fueran zapatistas o no. En Cerro Hueco se vivió de llenó la nueva estrategia del gobierno. Empezaron a llegar ya no sólo presos de la zona norte, sino también de los Altos y otras regiones del estado. Conforme la guerra sucia se extendía, al igual que los grupos paramilitares que tan buen resultado habían dado para el gobierno en la zona norte, también aumentaban los presos de las diversas zonas a donde el gobierno llevaba la guerra abierta. No olvidar que mientras esto sucedía en Cerro Hueco, fuera de la cárcel aumentaban los desplazados por la violencia militar y paramilitar ya no sólo en el norte, sino también en los Altos.

Es en julio de 1996, que la organización que se había ido logrando en el penal durante el proceso de recopilar nombres, expedientes y testimonios para ser enviados a la mesa de San Andrés, da un gran salto cualitativo y se conforma la Voz de Cerro Hueco. Fue así como se dio la primera huelga de hambre masiva ya con el nombre de Voz de Cerro Hueco y como se empezó a trabajar de una manera más coordinada con las comunidades de las cuales provenían los presos. Esto es muy importante, ya que en los años anteriores los presos se encontraban prácticamente solos dentro de la prisión. Sus familiares no podían ir a verlos por dos razones: la primera, económica: era muy caro trasladarse hasta Tuxtla Gutierrez para visitarlos. La segunda, y más importante, política: sus familiares se encontraban o bien sitiados por los grupos paramilitares y la "fuerza pública" o bien refugiados en las montañas. Era muy común que los presos te contaran que en su comunidad existían cerca de 100 ordenes de aprehensión, por lo que era imposible para sus compañeros el salir de sus refugios e ir a visitarlos. Por eso uno de los grandes logros de la Voz de Cerro Hueco fue el lograr que las comunidades perdieran su miedo y comenzaran a reivindicar públicamente a sus detenidos. En el verano del 96 y a lo largo del 97, fue cuando se dieron las primeras negociaciones entre las comunidades desplazadas y el gobierno chiapaneco y fue en esas reuniones donde las propias comunidades condicionaron cualquier arreglo para ellas a la libertad de sus presos políticos. Así, la defensa de los presos pasaba de ser tarea exclusiva de los organismos de derechos humanos, algunos miembros de la Iglesia y de los partidos de oposición, las organizaciones sociales y el EZLN, a las propias comunidades.

Es a partir de enero de 1998, después de la matanza de Acteal que abre la nueva y reciente ofensiva contra el zapatismo y en realidad contra toda la oposición en aquel estado, que los usos y costumbres del poder judicial, sea federal o estatal, también empiezan a cambiar y ahora, además de acusar a las bases de apoyo zapatistas de delitos comunes, les suman uno nuevo, clarito ejemplo de lo que para el gobierno significan los acuerdos firmados en San Andrés: usurpación de funciones.

¿Qué conclusiones podemos sacar luego de este rápido recuento? Veamos solamente algunas, pues el tema da para muchas más:

1) Albores, por ponerle un nombre al designado en turno del ejecutivo federal en el palacio de gobierno de Chiapas, utiliza las instancias de procuración de justicia (Poder Ejecutivo) con fines políticos; es decir, tiene una PGJE que le sirve para inventar evidencias y crear delitos en contra de los zapatistas y de cualquier luchador social. La administración de justicia, o sea los jueces (Poder Judicial) se confabulan con el órgano acusador, la PGJE, para mantenerlos en la cárcel aun sin pruebas suficientes.

2) Y esto lo demuestra, por citar un ejemplo concreto, la recomendación 49/98 que emitió la CNDH para el caso Taniperla: le pide a la PGJE que valore el desistimiento de los cargos porque hubo diversas irregularidades y porque los delitos de que fueron acusados no se configuraron. Sin embargo, este estudio de la CNDH debió hacerlo el Juez al resolver la situación jurídica de los presos; es decir, si hubiera existido una análisis objetivo, imparcial y profundo por parte del Juez al expediente, a la averiguación previa, su conclusión habría sido la de la CNDH. Pero los intereses políticos estatales y federales pesan más, mucho más, que la impartición transparente de justicia en Chiapas.

3) Cerro Hueco se ha vuelto tristemente famosa. Pero como todo lo que tiene que ver con Chiapas, lo podemos ver desde dos puntos de vista. El Cerro Hueco negro, de la injusticia, la miseria, el intento de aplastamiento de la dignidad humana, o el Cerro Hueco de la lucha por un nuevo México, de la solidaridad, de la fuerza del colectivo, de la esperanza de que aún en las condiciones más duras, si se sigue luchando, se puede cambiar la injusticia y mantener la esperanza en la victoria de la libertad, la democracia y la justicia para todos los mexicanos.