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La idea principal de cualquier ley de semilla es que los productores “únicamente siembren semillas de buena calidad”. Todo ello con el propósito de incrementar la productividad, los rendimientos para así alimentar mejor a la población. Noble argumento, el cual encierra un sin fin de complejidades e inexactitudes que suelen confundir y desanimar las tantas buenas intenciones que las leyes ofrecen y a quienes las promueven y fomentan.
La vieja (2002) y nueva ley de semillas venezolana, han sido redactadas con híbridos de ideas aparentemente progresistas, escondiéndose las distintas intensiones ideológicas y técnicas-políticas que cargan. Lo valoramos cuando vemos reflejado a lo largo de sus contenidos. En particular la férrea dependencia y vasos comunicantes de los mismos lugares, donde se producen las semillas industrializadas. Se utilizan profesionales super-especializados para elaborar y reproducir nuevas semillas. Procesos de semillas en mano y no en la finca de los productores. Por ello, toda ley de semillas, además de celar y potenciar la propiedad intelectual, lleva implícito su regulación comercial. Una situación conlleva a la otra, son fruto del mismo proceso, necesariamente se dan los complementos.
En la mayoría de las leyes de semillas que circulan y en sus valoraciones históricas ver (Biodiversidad y Sustento Abril, 2005) para la comercialización de las semillas son obligatorios el registro y la certificación(modelo del Unión Europea). Los criterios DUS (distinto, uniforme y estable) están en todas partes, y existen varios sistemas internacionales en uso para facilitar y armonizar el comercio mundial de las semillas. Sin embargo las semillas comerciales representan sólo una porción de los que los agricultores siembran. En los países del sur de ese otro mundo posible, los agricultores-- no el mercado, tampoco el estado—abastecen de forma directa casi el 70% de las necesidades de la semillas. En Africa es el 90%. En Europa es sólo 5%. En Suiza y Alemania el 50%. A pesar de las reglamentaciones, los agricultores todavía son los más grandes abastecedores de semillas del mundo. Esto no significa que las leyes de semillas son ineficaces; sino que son proclive a crear situaciones en perjuicios de grandes sectores de la población de cualquier sociedad.
Entre las tantas dificultades que una ley de semilla puede proporcionar a cualquier política agroalimentaria, enmarcamos algunos de ellas:
- Se aseguran que las variedades tradicionales de semillas que no son producidas por las industrias semilleras y no estén protegidas por los derechos de propiedad intelectual, tampoco puedan circular libremente. En algunos casos son los cultivares que el gobierno decida, se pueden comprar y autorizados por los entes transnacionales.
- Se privatiza el conocimiento a partir de las tantas bondades que la diversidad de genes en las semillas nos ofrecen.
- Como se ha dado, en todos los países del mundo, las corporaciones imponen una fuerte presión técnico-política, para hacer crecer y consolidar el uso y dependencia de las semillas industrializadas. Imposición que tiene otras aristas en las políticas de financiamiento, científicas y tecnológicas de los que las ejercen, en detrimento del desarrollo de una política agroalimentaria propia. Venezuela tiene una controversial historia al respecto y es desde allí, donde también consideramos que debemos incorporar al debate de las leyes de semilla; ¿el cambio o no de la matriz productiva agrícola nacional?
- El registro y la certificación obligatoria de semillas, priva el acceso, intercambio y abastecimiento mucho más significativo entre los agricultores. Se viola un derecho básico constitucional frente a esta ilógica prohibición de circular sus propias semillas.
- Las consideraciones anteriores inducen a un proceso privativo, de inmensas ganancias de dinero, controladas por las coorporaciones foráneas. Desmedido lucro, que a posterior se descubre entre la supina inocencia, de los políticos de turno que hacen lobbies en promover las leyes.
Todas las consecuencias precedidas y otras secuelas en lo social, cultural y productivo al parecer, no se están evadiendo con la vieja y nueva ley de semillas venezolana que en la actualidad se debate. Un buen e ilustrativo ejemplo: en el caso de la soya revolucionaria, que en estos últimos 8 años se han invertido excesivas cantidades de dinero por consolidar la producción en la mesa de guanipa en el oriente del país y los resultados han sido precarios. Estas inversiones han venido acompañadas de encomiables esfuerzos, en traer los mejores componentes científicos tecnológicos de Brasil y Argentina, y que por desajustes o desconocimiento entre las condiciones agroecológicas y el andamiaje técnico, los rendimientos esperados de la soya, no se han logrado. Que explicaciones podemos precisar para tratar de entender que cuando se inicia la cooperación técnica argentina la producción de soya inicio su declive llegando a decaer hasta en un 65% en relación a las siembras que venían siendo dirigidas por profesionales venezolanos. Invitamos a evaluar los registros en pérdidas y los desembolsos, que las compañías de seguro archivan en casi una década. Que diga PDVSA Agrícola si esto es: ¿cierto o falso?
Frente a esta realidad los vendedores de Monsanto, aseguran que en dichas condiciones agro-técnica-ambientales, han de tener éxito sus semillas transgénicas de soya. Proponiéndonos cobrar el 9% de Royalty por la producción obtenida. Otros ejemplos, en su mayoría manejados por la Fundación Polar, sujetos a intereses estrictamente comerciales de híbridos de maíz; investigados y mejorados genéticamente en otras latitudes, han sido incorporados en los campos venezolanos con o sin éxito en detrimento de nuestras condiciones ambientales, sociales y financieras.
En el contexto anterior, cabría preguntarse las siguientes reflexiones: ¿tendría sentido avanzar en una ley que legaliza la histórica consolidación de las pérdidas agrícolas y los distintos agravios ambientales? ¿Haciéndonos más dependiente de las transnacionales del agro? ¿no nos luce contradictorio la valoración de estos momentos?¿ La leyes de semillas venezolanas son, apropiadas para los cambios de la matriz productiva nacional? ¿Es necesario o no una ley o reglamentaciones que orienten el proceso de transición de esa nueva matriz productiva en el nuevo orden territorial que la Venezuela de cambios esta exigiendo? ¿ Sería una Ley Organica de Agroecología que llenaría este y otros vacíos?
Ubicarnos en la realidad actual:
Otras tantas preguntas podemos y debemos hacernos, lo que acá también tenemos que resaltar; son los modestos avances que en Venezuela se vienen dando, siendo coherentes con muchos de los documentos rectores que ha impulsado este proceso revolucionario, en especial con el Programa Patria 2013-2019 y las exigencias agro-ambientales que allí se esbozan, cuando se solicita aceleradamente avanzar en un nuevo modelo económico y de producción ecosocialista, partiendo de las reales eco-bases materiales que nuestros recursos biológicos del trópico nos ofrece.
Nuestros modestos logros en: Los satélites Bolívar y Miranda; los productores en transición hacia los alimentos agroecológicos y orgánicos; los aciertos de la producción biológica del INSAI; los importantes resultados que nos dio el plan nacional de semilla, espacio que logro detectar unos cientos cultivares; las propuestas agroecológicas del Presidente Maduro; el plan y manejo de la diversidad biológica; el recuperable programa todas las manos a la siembra; los logros de los mercados orgánicos y de mano a mano; el despliegue de la formación agroecología en varios niveles del conocimiento; una que otras investigaciones en el área agroambiental que emergen; son algunos de los tantos resultados obtenidos, que claramente nos evidencian la coherencia en los pasos que debemos dar hacia los cambios de la matriz productiva agrícola nacional. Al parecer son dinámicas y procesos que no tiene vuelta atrás.
Las razones anteriores nos dan las bases para sostener y continuar nuestros argumentos, valorados en varias entregas y debatidos en distintos foros: las condiciones agroambientales que nuestra amada patria Venezuela nos exige: se concentran en estudiar, investigar, valorar, producir y desplegar las inmensas potencialidades que las 463 especies alimentarias que nuestro territorio nos ofrece. Allí esta la nueva agricultura nacional. De allí parten las razones soberanas de una autentica política científica agroalimentaria y de otras áreas del conocimiento.
Venezuela, como todo país de agroecosistemas tropicales, donde abundan especies alimentarias, natural e históricamente se han dispuesto y co-evolucionado en forma de cultivos múltiples o asociaciones de cultivos ; los cuales conforman, en sus arreglos diferentes estrategias, que apuntan a minimizar riesgos ambientales, los rendimientos se estabilizan y en sus distintas combinaciones son mas altos y representativos que los monocultivos. Todos estos agroecosistemas consiguen niveles de eficiencia, sustentabilidad y complejidad altos.
Distintas investigaciones y reportes de alto nivel académico y científicoliderizados por Francis(1986); Gliessman(1985); Vandermeer(1992) Altieri(2000); Nuñez (2002) nos expresan que las tantas reflexiones en ellos encontradas entre los cultivos múltiples, también se han de manifestar en las cantidades de cultivares asociados que encontramos en Venezuela. Se trata entonces, de avanzar potenciando la realidad propia de nosotros; de lo tanto que nos expresan nuestros agroecosistemas diversos; de sus arreglos, manejo y gestión productiva de manera coherente y sustentable, concibiendo en ellos las distintas tensiones ambientales.
A manera de conclusión:
El trabajar en las áreas ambientales y productivas es también aprender a como integrar las diferentes funciones y sinergías que se conciben en los agroecosistemas y sus componentes en la dinámica social que emerge. Ello requiere del compromiso, colaboración y unidad de un equipo transdisciplinario, donde se expresen las distintas voluntades en saber entender que la nueva producción agrícola y sus tantas reglamentaciones tiene que contemplar una perspectiva multifuncional. Donde la participación de distintos sectores, profesionales diversos, estudiantes se activen y expresen sus tantos aportes. En especial nuestros productores y campesinos quienes con sus experiencias y conocimientos desde sus sistemas productivos diversos, nos argumentan el verdadero sentido de pertinencia social y territorial que toda ley, norma o reglamento debe y tiene que expresarse, con la coherencia que los procesos revolucionarios exigen. En Venezuela podemos lograrlo!!!
Referencias Bibliográficas
- Altieri,M.(2000), Biodiversidad Multifuncional en la Agricultura Tradiconal Latinoamericana. Volumen 15 nros 3-4. Boletin ILEIA. Holanda.
- Francis, C.A(1986), Multiple Cropping SystemsMacmillan, New york. USA
- Gliessman,S (1985), Multiple Cropping Systems: A Basis for Developing an Alternative Agriculture. Envirotmental Studies. University of California. Santa Cruz, California. USA.
- Grain. (2005), Leyes de Semillas: Imponiendo un Apartheid Agrícola.
- Biodiversidad y Sustento. Redes-at Uruguay.
- Núñez, M.A. (2002), 2da edición. Manual de Técnicas Agroecológicas. PNUD e IPIAT, Merida Venezuela.
- Vandermeer J. (1992), The Ecology of Intercropping. University of Michigan, USA. Cambridge University Press.
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